Las discrepancias entre los gobiernos central, autonómico y provinciales sobre quién debe financiar los repetidores digitales para zonas de difícil cobertura harán que el apagón analógico se demore. El Ministerio de Industria recuerda que dejó en manos de las comunidades el proceso. El Gobierno vasco saliente consideraba que la cantidad aportada por el central era insuficiente y las diputaciones se muestran reticentes a financiar algo que no es de su competencia.
El cese de emisiones se realizará en tres fases distintas, cada una con su propia fecha límite. La cobertura de la señal de la televisión digital terrestre (TDT) tiene que ser al menos igual a la previa en analógico para que el apagón pueda llevarse a cabo, según las reglas de Industria. El problema es que la obligación de cobertura que tienen las televisiones nacionales (98% del territorio para las públicas y 96% para las privadas), está por debajo del nivel actual: además de los repetidores contratados por las propias cadenas, existen una serie de antenas no oficiales sobre las cuales nadie tiene la obligación de asumir la reconversión para su uso digital. Éstas fueron instaladas, sobre todo en áreas rurales y pequeños municipios, por ayuntamientos, diputaciones o entidades locales.
Desde el principio, las instituciones vascas se negaron a asumir parte del coste. El Ministerio de Industria distribuyó el pasado año más de 8 millones de euros a las comunidades autónomas, a condición de que éstas asumieran la responsabilidad de reconvertir estos repetidores. Euskadi se habría llevado unos 420.000 euros, pero el Departamento de Hacienda y Administración Pública, dirigido entonces por Idoia Zenarruzabeitia, se negó a suscribir el convenio, al estimar que la cantidad era insuficiente. Euskadi fue la única comunidad autónoma que no firmó, según una portavoz del ministerio.
En paralelo, el Ejecutivo autonómico estaba intentando convencer a las diputaciones para que asumieran parte del coste. En febrero pasado, Guipúzcoa llegó a un acuerdo con el Ejecutivo tripartito: el ente foral asumiría la inversión de 1,9 millones para adaptar los 54 repetidores, mientras que el Ejecutivo autonómico se encargaría de los 2,4 millones que suponen el mantenimiento y la reposición de los equipos durante los próximos diez años. Se garantizará así el 100% de la cobertura para principios de 2010. Hasta 79 zonas de la provincia se habrían quedado sin cobertura de no haberse fraguado el acuerdo.
Álava y Vizcaya se negaron a seguir los pasos de Guipúzcoa. "No tenemos por qué pagar un repetidor para las televisiones privadas", recalca un portavoz de la Diputación alavesa, que añade que, pese a que la competencia no es suya, se han concedido la mayoría de las ayudas solicitadas a través de Cuadrillas para garantizar la llegada de la señal digital a todo el territorio.
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